Comunicado de Justícia i Pau en referencia al acuerdo del Comité de Comercio Internacional del Parlamento Europeo sobre la problemática del comercio de minerales en zonas de conflicto.

Asimismo , Justicia y Paz ha emplazado a los Obispos catalanes a adherirse a una carta, promovida por CIDSE ( alianza internacional de Organizaciones católicas para el Desarrollo ), y donde se reclama al Parlamento Europeo una legislación estricta en esta materia. La carta ya ha sido firmada por más de 120 obispos de todo el mundo.

 - Comunicado de Justícia i Pau - 

El Comité de Comercio Internacional del Parlamento Europeo desaprovecha una oportunidad para frenar los Minerales de Conflicto

21 de abril de 2015 - El pasado martes, el Comité de Comercio Internacional del Parlamento Europeo (INTA, por sus siglas en inglés) desperdició una oportunidad sin precedentes para hacer frente a la problemática del comercio de los minerales de conflicto. Éste votó a favor de crear una ley insuficiente e inefectiva que, si acaba aprobándose, socavaría los intentos en el ámbito global para acabar con los minerales de conflicto.

La ley defendida sigue la débil propuesta legislativa presentada por la Comisión Europea en marzo del año pasado. Según ésta, para las empresas importadores sería totalmente opcional demostrar si el comercio con algunos de los minerales más necesarios para la tecnología moderna (estaño, tantalio, tungsteno y oro) contribuyen a financiar grupos armados en zonas de conflicto.

El alcance de esta ley, se reduce a un pequeño número de empresas importadoras en Europa de estos minerales; aproximadamente de 300 a 400 empresas que representan tan sólo el 0,05% de las empresas que utilizan y comercializan estos minerales en la UE.

Según la propuesta de la Comisión, sostenida por INTA con la votación, estas empresas demostrarían su responsabilidad y transparencia mediante una autocertificación voluntaria que estaría abierta a estas empresas.

Esto se traduciría en prácticamente ningún impacto en la compra de minerales de conflicto y deja al margen a la gran mayoría de las empresas que participan en el comercio de minerales, tales como los fabricantes, los comerciantes y las empresas que importan productos que los contienen. También deja al margen de la regulación los actores extranjeros que proveen a las empresas europeas.

A pesar de los grandes beneficios para la UE que proporciona el comercio de minerales provenientes de zonas de alto riesgo y afectadas por conflictos, hasta ahora la UE no ha creado ninguna legislación para garantizar que estos minerales se obtienen de manera responsable.

El mes pasado, el Comité de Desarrollo del Parlamento Europeo (DEVE) votó abrumadoramente a favor de una ley de obligado cumplimiento. Pese a ello, el INTA ha optado por el camino contrario.

Nos sumamos a las críticas de muchos sectores de la sociedad civil que está pidiendo al Parlamento Europeo reforzar la ley cuando vote a mediados de mayo.

También consideramos que las bases con las que está trabajando serían excesivamente insuficientes y, probablemente, dejaría de tener un impacto significativo y duradero en un comercio que alimenta el conflicto y los abusos de derechos humanos en países como la República Democrática del Congo, Colombia y Zimbabwe.

El Parlamento ahora corre el riesgo de dar un paso atrás en los intentos para hacer frente el comercio de minerales de conflicto. Así pues, hacemos un llamamiento a todos los parlamentarios a escuchar a aquellos que se han pronunciado sobre esta cuestión urgente y para garantizar que el comercio responsable sea un requisito legal en el mercado europeo para todas las empresas que proporcionan estos minerales en cualquiera de sus formas, crear una regulación con la que la Unión Europea se sitúe a la vanguardia de los esfuerzos mundiales para crear prácticas empresariales más transparentes, responsables y sostenibles.

De momento esperaremos la votación del Pleno del Parlamento Europeo sobre la regulación de minerales de conflicto prevista para mediados de mayo. El resultado definirá el mandato del Parlamento para las negociaciones con el Consejo de la Unión Europea.


- Carta promovida por la CIDSE - 

Necesitamos que se aplique la debida diligencia en la cadena de suministro para poner fin a la financiación de los conflictos

Ciertos productos vendidos por empresas europeas contienen recursos naturales que financian violencia y provocan sufrimiento. Nosotros, dirigentes de la Iglesia Católica en el mundo, instamos a la Unión Europea a que acabe con esta situación.

Cada día, en todo el mundo, nos asolan imágenes e historias sobre los horrores que se inflige a niños, mujeres y hombres vulnerables durante los conflictos. Ante esta realidad, los ciudadanos quieren garantías de que no son cómplices.

La indiferencia de algunos, que miran hacia otro lado y no asumen su parte de la responsabilidad ante el sufrimiento de otras personas, supone una amenaza a la dignidad humana que compartimos. Para poner fin a esta situación, se requiere urgentemente aprobar nuevas normas para garantizar que los frutos de la creación de Dios no se pongan al servicio de un consumo inconsciente, ni apoyen la destrucción de vida. Los recursos de la tierra deben ser gestionados sabiamente por buenos administradores, con el fin de ofrecer garantías sobre la ética de nuestro sistema comercial para las personas en ambos extremos de las cadenas de suministro mundial que nos unen.

En algunos países del Sur, sobre todo en los que son ricos en recursos naturales (minerales, madera, gas, petróleo…), el control, la extracción, el procesamiento y el comercio de estos recursos financian grupos armados y fuerzas militares y de seguridad que cometen graves violaciones de los derechos humanos, en vez de contribuir al desarrollo humano. En todas partes, Allá donde puede, la Iglesia defiende a los pobres y trabaja por proteger a los que padecen la violencia, a la vez que dialoga con aquellos que pueden ayudar a poner fin a los abusos.

Como una de las principales potencias comerciales mundiales, la UE importa una cantidad importante de materias primas provenientes de regiones afectadas por conflictos. A través de sus cadenas de suministro, algunas empresas son cómplices de abusos. Esta situación resulta intolerable. Los Estados están obligados a hacer todo lo posible para garantizar las condiciones para la paz, no sólo en su propio país sino en todo el mundo. Ésta es sin duda la doctrina social de la Iglesia. Los gobiernos, los ciudadanos y los empresarios y empresarias deben asumir como tarea propia
garantizar que sus empresas adquieran recursos naturales de forma responsable. 

Nos congratulamos de que la Comisión Europea haya propuesto un proyecto de Reglamento europeo basado en “una estrategia para el comercio responsable de minerales provenientes de zonas de conflicto […] con el fin de poner fin al uso de ingresos provenientes de la minería para la financiación de conflictos armados” en marzo de 2014.

Nos alienta el progreso logrado como resultando del apoyo de los eurodiputados a la transparencia de pagos en las extractivas en 2013. Ahora es el momento de seguir por este camino positivo, con normas ambiciosas y vinculantes para promover la debida diligencia en la cadena de suministro por parte de empresas que adquieran recursos naturales provenientes de áreas en conflicto o de alto riesgo.

El artículo 1502 de la ley U.S. Dodd Frank adoptada en 2010 representa un hito importante. Las empresas que cotizan en los mercados bursátiles de Estados Unidos están ahora obligadas a aplicar procedimientos de debida diligencia para verificar si los minerales que se emplean en sus productos han contribuido a financiar a grupos armados en la República Democrática del Congo o en sus nueve países vecinos. El reglamento propuesto por la Comisión Europea amplía su ámbito de aplicación a todas las zonas de conflicto o de alto riesgo en el mundo. Esto es una evolución importante y favorable, mostrando el potencial para seguir mejorando los enfoques de la regulación.

Creemos que el reglamento europeo logrará que se produzca un cambio tangible para las comunidades que sufren, si se refuerza con algunos elementos esenciales:

La coherencia en la gama de recursos naturales cubiertos. En Perú, Zimbabwe, Myanmar, entre otros, el sufrimiento provocado por las violaciones de los derechos humanos y la violencia infligida por grupos armados y fuerzas militares y de seguridad que controlan el cobre, los diamantes y otras materias preciosas no es diferente a las situaciones relacionadas con el estaño, el tantalio, el tungsteno o el oro.

La responsabilidad compartida por las empresas a lo largo de toda la cadena de suministro. Desde las compañías extractivas, los importadores, los proveedores y los usuarios finales que participan en el comercio de productos que contienen recursos naturales. La inclusión de las empresas usuarias permitirá a los ciudadanos europeos asumir una influencia positiva en la fijación de condiciones éticas en las cadenas de suministro. Sus expresiones de solidaridad y de empatía con personas que se encuentren en situaciones de violencia desesperante no se verán traicionadas.

Un sistema de debida diligencia basado en las buenas prácticas de las directrices de la OCDE, para llevar a cabo la documentación y divulgación de los esfuerzos por un suministro responsable. Al ser muchos de nosotros testigos directos del poderoso dinamismo de las regiones afectadas por conflictos, al haber entablado un diálogo con todas las partes, podemos garantizar que se trata de un requisito mínimo, si se quiere cambiar el comportamiento de las empresas y otros actores.

Nosotros, obispos y dirigentes de la Iglesia Católica, apoyamos a la sociedad civil en el Sur y en el Norte que trabaja en aras de la paz y de la administración responsable de la creación. La UE cuenta con una oportunidad única para ayudar a poner fin a los conflictos violentos vinculados a los recursos naturales, que en los últimos 60 años han representado un 40% de todos los conflictos mundiales. Instamos a los eurodiputados y a los gobiernos europeos a estar a la altura de este desafío.

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