Nota de prensa en relación a la ILP por una Renda Garantizada de Ciudadania

 

 

 

 

  • El compromiso de las fuerzas políticas debería garantizar la continuidad de las acciones en la próxima legislatura
  • Es necesario un estudio económico riguroso y contrastado que permita conocer el coste real que supondría la Renta Garantizada de Ciudadanía

Hoy concluye la ronda de comparecencias en el Parlament de Catalunya en relación a la Iniciativa Legislativa Popular por una Renta Garantizada de Ciudadanía y, ante la situación de emergencia social que las entidades de atención a los colectivos más vulnerables constatamos cada día, la federación de Entidades Catalanas de Acción Social pedimos al Parlamento que dé respuesta con la máxima celeridad a la petición presentada con el apoyo de más de 120.000 signaturesi cincuenta organizaciones.

Después de ochenta comparecencias a lo largo de diez meses, a las entidades sociales que vemos en la RGC un instrumento útil en la lucha contra la pobreza nos preocupa la confusión generada en las últimas semanas en torno al modelo de prestación que plantea la ILP y el coste que podría representar, con interpretaciones equívocas y cálculos desmesurados que se utilizan para descalificar y tachar de inviable la propuesta.

Recordemos que la ILP surge con la voluntad de dar cumplimiento al artículo 24.3 del Estatuto de Cataluña, según el cual "las personas o familias que se encuentran en situación de pobreza tienen derecho a acceder a una renta garantizada de ciudadanía que les asegure los mínimos de una vida digna, de acuerdo con las condiciones que legalmente se establecen". Este es el objetivo y nuestros representantes políticos tienen la obligación de hacerlo efectivo. Por tanto, reclamamos al Parlamento compromiso y determinación para emprender las acciones que deben hacer viable el mandato del Estatuto. 

En este sentido, pedimos un estudio riguroso y contrastado que permita conocer el coste real que supondría, ya que las referencias durante las comparecencias y en el debate público en diferentes modelos de renta -garantizadas, básica, mínima, de subsistencia ... - ha dado pie a estimaciones muy dispares, que van desde los 1.570 hasta los 52.900 millones de euros.

Sin perder de vista la necesidad de reactivar la economía y crear empleo, con las actuales tasas de paro hay que evitar los procesos de empobrecimiento y exclusión mediante prestaciones que aseguren unos ingresos mínimos, comenzando de manera urgente para aquellos colectivos que se encuentran en una situación más vulnerable. En relación a las limitaciones presupuestarias, consideramos que no puede haber ningún gasto ni inversión más prioritaria que la de garantizar una vida digna a todos y apelamos a la función redistributiva de los gobiernos ya su capacidad para obtener los ingresos necesarios para sostener el modelo social que establece el marco legislativo.

La urgencia de una prestación como la que plantea la ILP de la RGC, agravada por la reforma pendiente de la Renta Mínima de Inserción, exige acciones inmediatas que no pueden verse pospuestas ni interrumpidas por las elecciones del 27-S, y para garantizar esta continuidad instamos las fuerzas políticas a incluir en sus programas electorales el acuerdo que adopte el Parlamento como punto de partida.

Documento en PDF (en catalán)

Web de la ILP RGC

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