Las comisiones y asociaciones de Justicia y Paz de Cataluña, desde nuestra vocación de servir al bien común de nuestro país, queremos dar a conocer nuestro punto de vista con motivo de las próximas elecciones al Parlamento.

 

Transcurridos tres años de legislatura, nos duele constatar que no se ha respetado la voluntad mayoritaria de la ciudadanía catalana de ser consultada formalmente sobre el estatus político de Cataluña y su pertenencia o no al Estado español. Las diversas iniciativas legales impulsadas por el Gobierno y el Parlamento de Cataluña para hacerlo posible han topado con un negativa rotunda y antidemocrática de las instituciones centrales del Estado, que no ha querido abrir ningún tipo de diálogo serio sobre esta cuestión.

Teniendo en cuenta esta dura realidad, y observando las diferentes candidaturas presentadas, consideramos que las próximas elecciones tienen un carácter excepcional, puesto que pueden ser un instrumento para constatar objetivamente y con claridad cuál es el grado de apoyo político de la ciudadanía a las diferentes posiciones que se plantean y para contribuir a hacer efectivo el derecho a la libre determinación del pueblo de Cataluña. Por eso pedimos al futuro Parlamento y al Gobierno de Cataluña, así como a las instituciones del Estado español, que asuman la responsabilidad de dar una respuesta adecuada, dialogada, justa, democrática y favorable al bien común, a las aspiraciones que emanen, en un sentido u otro, de la voluntad mayoritaria de nuestro pueblo.

En este sentido, reiteramos que Cataluña es una nación, anterior a la Constitución española de 1978, que disfruta de los derechos que corresponden en los pueblos y naciones, en particular el derecho a su libre determinación, reconocido por los tratados internacionales de Derechos Humanos.

Finalmente, reiteramos nuestra petición que la discusión política se haga con rigor y sin descalificaciones personales y que también afronte los graves problemas sociales que sufre nuestro país, especialmente como resultado de la reciente crisis económica, para avanzar hacia una sociedad más justa y más favorable a la paz, el bien común, el desarrollo sostenible e integral de todas las personas, y solidaria con el resto de pueblos del mundo, especialmente los más pobres. Por eso reclamamos al futuro Gobierno y al Parlamento catalanes que impulse i dote económicamente un plan de choque de políticas sociales para superar la pobreza en Cataluña.

 

- Nota de prensa -

 

  1. En los últimos años la ciudadanía catalana, a través de inmensas movilizaciones pacíficas, y a través del Parlamento y otras instituciones y organizaciones sociales y ciudadanas, ha expresado su voluntad mayoritaria de ser consultada formalmente sobre el estatus político del pueblo de Cataluña y, en particular, sobre su pertenencia o no al Estado español. Así, el 9 de noviembre de 2014, dos millones trescientas mil personas tomaron parte en un proceso participativo dedicado a esta cuestión.

  2. En nuestro comunicado ante las anteriores elecciones de 25 de noviembre de 2012, afirmamos que era necesario “iniciar una negociación política e institucional profunda y serena, para encontrar y aplicar los mecanismos juridicopolíticos que permitan, en un plazo razonable, que se puedan expresar de forma inequívoca, democrática y pacífica las aspiraciones de autogobierno del pueblo de Cataluña, y que esta voluntad popular sea respetada y se traduzca en un nuevo estatus político y un nuevo marco de relaciones con el Estado español basado en la justicia, el respeto mutuo, la cooperación y la solidaridad”.

  3. Transcurridos tres años de legislatura, nos duele constatar que esto no ha sido posible debido a la rotunda y antidemocrática negativa del Estado español a hacer posible una consulta o referéndum. Así, el Gobierno y el Parlamento españoles rechazaron, sin ofrecer ninguna alternativa, la propuesta planteada por el Parlamento de Cataluña con objeto de establecer un marco jurídico que permitiera la celebración de un referéndum. Posteriormente, el Gobierno español impugnó ante el Tribunal Constitucional, provocando la correspondiente suspensión, la Ley de consultas aprobada por el Parlamento de Cataluña, así como el decreto del Gobierno catalán que convocaba una consulta ciudadana sobre esta cuestión para el 9 de noviembre de 2014. También impugnó el proceso participativo promovido por el Gobierno catalán para la misma fecha y, posteriormente, la Fiscalía General del Estado presentó querella criminal contra el presidente de la Generalitat y dos consejeras por estos hechos. Más bien las distintas medidas adoptadas, en todos los ámbitos, por el Parlamento y el Gobierno españoles han tendido a agudizar el conflicto en lugar de aminorarlo o canalizarlo.

  4. Teniendo en cuenta esta situación, y observando las diferentes candidaturas presentadas, consideramos que las próximas elecciones tienen un carácter excepcional, puesto que pueden ser un instrumento para constatar objetivamente y con claridad cuál es el grado de apoyo de la ciudadanía catalana a cada una de las diferentes posiciones políticas que se plantean, y para contribuir a hacer efectivo el derecho a la libre determinación del pueblo de Cataluña. Es por eso que pedimos al futuro Parlamento y al Gobierno de Cataluña, así como a las instituciones del Estado español que, una vez celebradas las elecciones, asuman la responsabilidad de dar una respuesta adecuada, justa y democrática a las aspiraciones, sean las que sean, que emanen de la voluntad mayoritaria de nuestro pueblo.

  5. A Justicia y Paz no nos corresponde emitir ningún posicionamiento en favor de una determinada opción, dado que se trata de una cuestión sobre la cual hay varias opciones igualmente legítimas. Ahora bien, sí que creemos necesario reafirmar, como hemos hecho en otras ocasiones, que Cataluña “es una realidad nacional, formada por mil años de historia, con su lengua y cultura, que tiene plena conciencia de su historia y personalidad propias”.1 Su condición de nación es un sentimiento constante y un hecho aceptado por una inmensa mayoría de la población y así lo ha afirmado en repetidas ocasiones el Parlamento de Cataluña con amplias mayorías. Es por eso que Cataluña tiene que disfrutar de los derechos que corresponden en los pueblos y naciones, en particular el derecho a su libre determinación, reconocido por los tratados internacionales de derechos humanos.2 En este sentido, la existencia de Cataluña como nación y sus derechos son anteriores a la formación del Estado y no derivan de la Constitución de 1978, sino que ésta los tiene que reconocer y respetar.

  6. Somos conscientes de que se trata de una situación políticamente muy compleja, generadora de riesgos e incertidumbres. En este escenario, todo el mundo es llamado a actuar pensando siempre en el bien común. Pero los dirigentes políticos, económicos, sociales, cívicos y religiosos -en Cataluña, España y Europa- son especialmente responsables de buscar, proponer y lograr soluciones políticas justas y de amplio consenso, garantizar que no se produzcan fracturas sociales, asegurar los derechos humanos de las personas y de los pueblos, de la mayoría y de las minorías, y preservar la convivencia, el diálogo, la verdad, la justicia y la paz social. Demasiado a menudo observamos que muchos dirigentes políticos, en estos momentos de emergencia nacional y social, están más pendientes de sus estrategias partidistas que de buscar propuestas de país compartidas para hacer avanzar la sociedad. Y que los movimientos sociales y la sociedad civil tienen que ir planteando las necesidades sociales y estableciendo los espacios comunes y transversales para que estos retos sean tratados adecuadamente en favor del bien común.

  7. Finalmente, reiteramos nuestra petición de que la discusión política sea siempre rigurosa y sin descalificaciones personales y que también afronte los graves problemas sociales que sufre nuestro país, especialmente como resultado de la reciente crisis económica, para avanzar hacia una sociedad más justa y más favorable al bien común. Vivimos todavía una situación social de emergencia: cifras de paro insoportables, precariedad laboral, dificultades para acceder o mantener la vivienda para miles de familias, casos de malnutrición infantil y alarmantes índices de pobreza y exclusión, entre otros muchos problemas.

  8. Por eso hacemos un llamamiento al futuro Parlamento y al Gobierno de Cataluña para que doten económicamente e impulsen un plan de choque de políticas sociales para avanzar hacia un desarrollo humano integral, sostenible y equitativo, y la superación progresiva de las causas estructurales de la pobreza. No es suficiente el simple crecimiento económico. Es necesario priorizar la creación de ocupación, la recuperación de los niveles de gasto público en la sanidad, la escuela y los servicios públicos, la integración social de los recién llegados, la adecuada atención a las personas más vulnerables, el establecimiento de una renta garantizada de ciudadanía, el acceso a una vivienda digna y el apoyo a las entidades sociales. Hace falta también avanzar hacia una democracia más participativa y de calidad, la promoción de los derechos humanos, la paz y el desarme en el mundo y una política pública solidaria y potente de cooperación internacional con los países empobrecidos, así como contribuir a un nuevo modelo económico global equitativo y respetuoso con la dignidad humana y con el medio ambiente. Cómo dice el papa Francisco, “en las condiciones actuales de la sociedad mundial, donde hay tantas iniquidades y dónde cada vez son más las personas descartables, privadas de derechos humanos básicos, el principio del bien común se convierte inmediatamente, como lógica e ineludible consecuencia, en un llamamiento a la solidaridad y una opción preferencial por los más pobres”.3

 

Comisiones y asociaciones de Justicia y Paz de Cataluña
9 de septiembre de 2015

 


Conferencia Episcopal Tarraconense, “Raíces cristianas de Cataluña” (1985).
Así se establece a la Carta de las Naciones Unidas y al artículo primero del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales, ratificados por España, que reconocen el derecho a la libre determinación de los pueblos. En este sentido, el art. 157 del Compendio de Doctrina Social de la Iglesia afirma que “la paz se fundamenta, no sólo en el respecto de los derechos de las personas, sino también en el respecto de los derechos del pueblos, en particular el derecho a la independencia”.
Papa Francisco, “Laudato si”, nº 158

 

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