Artículo de opinión de Joan F. López Casasnovas, miembro de JiP Menorca.


La cultura, entendida aquí como el conjunto de las prácticas artísticas y de todas las actividades relacionadas con el mundo de las ideas, así como con la producción, la conservación y la asimilación de bienes culturales de toda clase (lectura, arte, memoria viva del legado patrimonial, sector audiovisual, música, construcción de significados nuevos de orden diverso y desde plataformas múltiples, etc.) sigue teniendo la capacidad de aportar a los individuos y a las sociedades unos recursos que les pueden ser muy útiles, casi imprescindibles, para la comprensión libre y crítica de la realidad. Igualmente sirven para que individuos y sociedades participen de manera activa y autónoma en los procesos de todo orden y de veloces cambios que caracterizan nuestro tiempo. Los recursos culturales que un ciudadano o un país tienen en sus manos siempre son determinantes para la construcción de los proyectos personales y comunitarios de vida, de convivencia y de profesionalidad. La eficiencia en su funcionamiento, así como la posibilidad de tener un nivel más elevado de calidad democrática y de bienestar vital, podrán ser mayormente alcanzadas por las personas y las sociedades en la medida que sean poseedoras de una base cultural suficientemente amplia y sólida.

La cultura, pues, tendría que ser considerada como un elemento constituyente, claramente estructural y estratégico, de cualquier proyecto colectivo que se impulsase desde el ámbito de la política, de la actividad económica, desde el mundo mediático, desde la iniciativa de la sociedad civil o desde el ámbito de la convivencia interpersonal. Cualquier hoja de ruta ─institucional, empresarial, asociativa, familiar o personal─ que deje de tener en cuenta el factor cultural presentará debilidades que hipotecarán su desarrollo y su éxito. La culturización de la gente desde la pluralidad tiene que ser una responsabilidad asumida por el conjunto de la sociedad, y muy especialmente por los poderes públicos, por los medios de comunicación y por las entidades más adelantadas del mundo asociativo y empresarial.

En el discurso político y en el gobierno de las instituciones, la cultura no puede seguir siendo, como hasta ahora, un elemento marginal, prescindible como elemento configurador de los grandes objetivos colectivos ─la cohesión social, por ejemplo. Habiendo dejado atrás unas elecciones locales y autonómicas (en las Islas Baleares y en el País Valenciano), y con otras inmediatas en Cataluña y también en todas partes del Estado, tenemos que aceptar que la política cultural se ha tenido poco o nada en cuenta porque se la considera poco o nada determinante en los procesos de marketing y de competitividad electoral. Pero nuestros dirigentes han de entender que el mejor camino para conseguir un país con ciudadanos responsables, implicados solidariamente en la vida comunitaria, capaces de convivir y de aportar calidad democrática y calidad profesional en el ámbito colectivo, es considerar que la cultura tiene que ser un componente sustancial y central de los proyectos y de las actuaciones que desarrollen los gobiernos de los distintos niveles político-administrativos. Es desgraciadamente probable que los gobernantes que prescindan de la cultura, no dejen de ganar elecciones, o incluso que puedan satisfacer expectativas de bienestar más o menos puntuales, pero en ningún caso contribuirán a construir proyectos colectivos de futuro que sean sólidos y que, en consecuencia, garanticen la perdurabilidad de estos bienes sociales y económicos que, en buena medida y de manera generalizada, tenemos en el momento presente. El llamado estado del bienestar, que en todas partes de Europa padece en estos momentos una crisis que en gran parte es estructural fruto de una agresión sistémica, difícilmente podrá rehacerse si no se fortalece la formación cultural de los ciudadanos y, al mismo tiempo, si éstos no adoptan un conjunto de nuevos valores y nuevas actitudes ─estos conceptos también se incluyen en la palabra “cultura”─ frente a los grandes retos del futuro, que en gran parte ya forman nuestro presente. Nos referimos a los retos de la mundialización, la desafección de los ciudadanos hacia las instituciones políticas, la gestión sostenible de los recursos naturales, los cambios demográficos y la movilidad de las poblaciones, el nuevo orden mundial que se irá configurando a partir de los liderazgos políticos y económicos de determinados estados emergentes, la cultura y las relaciones interpersonales que configuran las tecnologías de la sociedad-red, etc.

Las sociedades humanas, las naciones culturales, los territorios conformados como unidades políticas, los estados concebidos como estructuras de poder, históricamente han pretendido conseguir unos elevados niveles de cohesión comunitaria entre todos sus ciudadanos. La cohesión ha sido percibida positivamente en la medida que contribuía a crear vínculos de solidaridad, que incrementaba el número de elementos y de objetivos compartidos, que implicaba a los individuos en asuntos comunes, que facilitaba el acuerdo y la buena convivencia. Este principio sigue siendo vigente en los discursos políticos de todas partes, en los distintos ámbitos en que hay instituciones de gobierno que ejercen sus funciones. Detrás de cada apología de la cohesión y de la vertebración siempre hay, sin embargo, intereses ideológicos, políticos, culturales y económicos, los cuales no necesariamente son honorables. Los defensores de la nación española uniforme, por ejemplo, han propugnado históricamente, y siguen haciéndolo, que la cohesión pasaba por la generalización de la castellanización y por la negación del derecho a la existencia, y por tanto a su continuidad histórica, de las naciones de matriz no castellana. Por eso, el poder español, en un movimiento paralelo de signo complementario, igualmente siempre ha tenido el objetivo de desvertebrar y distanciar al máximo, hasta el punto de fomentar los enfrentamientos, las distintas tierras de lengua catalana que, sin duda alguna, constituyen una nación cultural evidente.

Imposición, por ley, de símbolos (el escudo, la bandera, el himno), prohibición de banderas catalanas, persecución de la lengua propia… Los signos de identidad son o no son; pero, en democracia, no tendrían que imponerse ni prohibirse. La arbitrariedad de los símbolos (a diferencia de iconos e indicios, los otros tipos de signos) nace de la asignación de un significante a un significado tácitamente y libremente aceptada. Hay que estar verde (o ser Wert) o tener el cerebro muy corroído para no entender qué manifiestan ostensiblemente los silbidos masivos al himno nacional borbónico en ocasión de determinados acontecimientos deportivos. Lo digo para los que no alcanzan a divisar los efectos de sus causas.
 

Joan F. López Casasnovas
01/06/2015

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