Artículo de opinión de la Comisión de Sant Just Desvern como aportación a los objectivos de trabajo de la Comisión General de Justicia y Paz, para el curso 2015-2016.


La pobreza y cómo reducirla a nivel estatal

La pobreza es, sin lugar a dudas, la problemática más importante que las familias tienen actualmente. En definitiva, es la falta de trabajo para los mayores de 40 años y para los jóvenes, mayores de 16 años, de cualquier condición, tanto los que tienen formación como los que  sufrieron fracaso escolar.



Todos conocemos sobradamente esta situación porque la vivimos en la propia familia o en personas cercanas. Y sabemos que una generación entera vive esta situación y sus consecuencias.
Por lo tanto, queremos poner el acento en este análisis sobre el estilo del gobierno español, desde el punto de vista de la rentabilidad económica. Y hacemos constatar que para actuar de una manera efectiva para eliminar el paro y aumentar el nivel de vida de los ciudadanos, tendrían que administrarse los recursos del presupuesto al servicio de estos principios.
Todos los ministerios, secretarias, subsecretarías y organismos oficiales tendrán que trabajar con objetivos claros y con políticas sociales y económicas claramente definidas y explicadas a la población.

La experiencia que tenemos hasta ahora nos ofrece la carencia más absoluta en los objetivos descritos. En realidad entendemos que no existe ni ha existido en los últimos años proyecto alguno por parte del gobierno. Creemos que su actuación ha sido la de un gobierno de gestión, sin objetivos claros ni explicaciones a la población sobre el reparto del dinero que han recogido con los ingresos de los contribuyentes.
Exponemos la falta de criterio de rentabilidad nacional en la construcción de los trenes AVE (falta de pasajeros y un alto coste de mantenimiento durante años y años que graban el presupuesto estatal), la construcción de aeropuertos sin aviones y también su mantenimiento, el coste de las autopistas radiales que por falta de rendimiento por parte del Estado han pasado al sector privado, el túnel de Le Perthus, el proyecto Castor que graba directamente a los consumidores de gas de todo el país por un total de 3.500 millones de euros (sin que la empresa propietaria afronte sus responsabilidades legales por el perjuicio causado a la población de la costa mediterránea donde está ubicada la instalación)

Y tememos que también el proyecto de ampliación del canal de Panamá que lleva a término un consorcio económico y de ingeniería ganador de un concurso mundial, juntamente con otros licitadores internacionales a la baja, al final tenga tal número de pérdidas que puede ir entre los 4.000 y 9.000 millones de euros y que dicho importe se pase al Estado (es decir, al bolsillo de todos los españoles).
Por el contrario, y lo decimos con firmeza, que un proyecto de alta rentabilidad como es la construcción y finalización del corredor ferroviario mediterráneo, aumentaría el PIB español en un 5% y proporcionaría un gran número de horas de trabajo, con el apoyo de la UE y de las comunidades de Cataluña, Valencia, Murcia, Almería, Granada y Sevilla. El gobierno (sea del color que sea) lo ignora.
Tenemos que añadir al respeto que a lo largo de la historia de los pueblos y de las civilizaciones, los puertos de mar ha sido el lugar donde ha desarrollado el comercio, el intercambio de mercancías, las manufacturas, la industria y los transportes. Hoy en día, más del 95% del transporte de mercancías a nivel planetario se realiza por mar. Por lo tanto, las inversiones en estos lugares y sus comunicaciones originan las mayores contribuciones al Estado español.

Además hay que añadir un principio económico básico en economía distributiva. La forma de aumento de la riqueza es la de proporcionar más ingresos en forma de mejores salarios a su población. Entonces, su incremento produce efectos en el consumo y éste hace aumentar la producción en las fábricas y al mismo tiempo proporciona más horas de trabajo y, por ende, contribuye a eliminar el paro.
Este principio es el que usan las economías vecinas europeas que tienen cifras de paro no mayores del 6% de sus poblaciones.

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